LA MONTAÑA: RIESGOS ENTRAÑABLES DE 2019

Por Oscar Loza Ochoa

Nadie quiere ser náufrago

En este mar de ruinas donde nadie previene

Contra el oleaje de la piedra

José Emilio Pacheco

No termina el mes de enero y las cuentas nos están saliendo mal. El día 3 muere violentamente el defensor de derechos humanos Sinar Corzo Esquinca en su Amatán, Chiapas. El jueves 17 fallecen por la misma causa José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, en el mismo pueblo de Amatán, a pesar de la información precisa hecha pública sobre los agresores de Sinar Corzo y su causa. La autoridad no tomó las providencias que el momento requería.

El pasado domingo 20 aparece muerto el periodista José Rafael Murúa Enríquez, director de la radio comunitaria Kashana de Santa Rosalía, Baja California Sur, quien había recibido amenazas desde hace poco más de medio año por el presidente municipal de Mulegé. Las cosas toman un perfil más grave si tomamos en cuenta que Murúa Enríquez y Noé Enríquez estaban en la lista del Mecanismo de Protección a Periodistas y Activistas. De nada sirvió.

La ONU plantea ante dichos casos la revisión el Mecanismo, pues no es la primera ocasión que se pierden valiosas vidas con todo y estar en esta dichosa instancia. Baste recordar el caso del periodista veracruzano Rubén Espinoza, que estaba bajo protección del mecanismo y que fue asesinado en julio de 2015. No le falta razón a la ONU. Y nosotros debemos agregarle que esta exigencia debe extenderse a las entidades federativas que ya cuentan con dicho mecanismos y apurar a que los estados que aún no lo tienen construyan esa instancia. Es el caso de Sinaloa.

Una dolorosa enseñanza en este arranque de un régimen político que afirma se respetuoso de la libre expresión de ideas y de los activistas sociales, en especial de quienes defienden los derechos elementales, es que no basta un cambio de gobierno para que las cosas marchen de manera automática en forma distinta. Está claro que lo que no ha cambiado con ello son los enemigos de la libertad de expresión y de la cultura de los derechos humanos, pues si no han cambiado sus intereses, tampoco su actitud ha cambiado de rumbo.

Todo ello nos deja muy claro que además de fortalecer las instituciones, especialmente las que se ocupan del tema en mención, los organismos de la sociedad civil debemos estrechar los esfuerzos de prevención y protección hacia los trabajadores de la comunicación y a los defensores de derechos humanos. Todos esperamos una actitud más preocupada de las nuevas autoridades, dado el perfil más humano que se pregona, pero ello no debe llevarnos a esperar que la justicia venga de la mano de las nuevas autoridades, porque aun si eso fuera posible, queda pendiente el problema de origen: continuarán los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos si no se detiene de manera contundente esa práctica.

Y eso demanda del decidido concurso de todos nosotros y de que no haya impunidad. El reto no es pequeño, pero la situación no aconseja dejar las cosas a como están hasta ahora. So pena de seguir lamentando la pérdida de valiosos periodistas y valientes activistas sociales. Mala experiencia hemos vivido con el caso Javier Valdez, en el que aún hemos cerrado la página que nos indique que ha sido desagraviado y que la justicia sentó sus reales. Lo que nos invita a renovar la demanda de contar con la Unidad de Protección a defensores y periodistas.

Emplacemos al gobierno a concretar la medida. Que este sea el compromiso en las próximas semanas y que no haya foro o espacio público en el que dejemos de plantear la urgencia de crear este órgano tan necesario para tratar el tema de la protección a defensores de derechos humanos y periodistas. La instancia de por si no resuelve el problema de la violencia en contra de estos dos sectores sociales, pero es un espacio o plataforma para desarrollar políticas públicas que coadyuven a mejorar la situación planteada. Lo confirma el nuevo asesinato cometido contra otro activista en Oaxaca, después de los mencionados arriba.

Fortalezcamos el movimiento en favor de la prevención y protección. Esto implica que como sociedad civil hay que movilizarnos. Tan claro que si los enemigos de la libertad de expresión y de los derechos humanos no descansan en su labor depredadora, la sociedad civil no puede darse el lujo de esperar algún milagro que detenga a esos monstruos que sueñan con imponer el autoritarismo y espantar la vigencia de los derechos de quienes hasta hoy han sido excluidos de los beneficios del desarrollo, de los olvidados, de los condenados de la tierra, dijera Frantz Fanon. Por la defensa y protección de quienes luchan por nuestros derechos y la libertad de expresión, ni un paso atrás. Vale.

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