LOS MEDIOS EN MÉXICO Y SU RESPONSABILIDAD ANTE LA ‘GUERRA’

COLUMNA HUÉSPED

By Oswaldo Zavala *

Oswaldo Zavala es periodista y profesor investigador en la City University of New York (CUNY). Su más reciente libro es Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México (Malpaso 2018).

EEUU.26 nov. 2019. (The Washington Post) .- Hay una escena en la película Ciudadano Kane (Orson Welles, 1941) que recrea uno de los mayores mitos sobre los medios de comunicación en Estados Unidos. El millonario Kane, dueño de un periódico que facilita sus ambiciones políticas, recibe el telegrama de un corresponsal en Cuba desalentado por haber sido enviado a cubrir un inexistente conflicto armado entre Estados Unidos y España por el control de la isla caribeña. “Tú provee los poemas en prosa”, responde Kane, “yo proveeré la guerra”.

Entre la siniestra bruma de la violencia que se experimenta en México, desde la aparente insurrección de traficantes en Culiacán hasta el despiadado ataque a la familia LeBarón en la frontera entre Sonora y Chihuahua, un fenómeno similar está en curso. La prisa del vertiginoso ciclo de noticias se ha empatado con agendas militaristas para presionar al gobierno de México a recurrir de nuevo al Ejército para combatir al narcotráfico.

La espectacular violencia desatada en Culiacán el 17 de octubre fue reportada por los principales medios nacionales e internacionales como una derrota del gobierno mexicano cuando se intentaba detener al hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Ahora tenemos información suficiente para entender que se trató más bien de una retirada estratégica para no perpetrar una masacre a manos del Ejército, que supera en número, armas y entrenamiento a cualquier grupo criminal del país.

Otra noticia que circuló poco fuera de México agrega un importante giro de tuerca: un mes antes del fallido operativo, Uttam Dhillon, administrador interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés), sostuvo una muy inusual reunión en Culiacán con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, y con mandos del Ejército y representantes de la Guardia Nacional y la Marina. ¿Hay algún vínculo estadounidense detrás de este episodio de violencia?

En el caso de la masacre de tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón también surgen dudas importantes. Pese a que inmigraron en 1924 procedentes de Estados Unidos, muchos medios agravan la noticia refiriéndose a ellos únicamente como ciudadanos estadounidenses asesinados en México. Por otra parte, los LeBarón se enfrentaron en 2018 a ejidatarios regionales que los acusaban de haber conseguido, por medio de corruptas influencias políticas, unos 300 permisos para explotar valiosos pozos de agua. ¿Podría este conflicto explicar el crimen?

Con todo, la lectura de que los “narcos” controlan partes del país ante un Estado debilitado y potencialmente fallido se reproduce con fluidez entre los medios de comunicación.

Esta narrativa se corresponde a la perfección con la actual agenda de seguridad nacional del gobierno estadounidense. El presidente Donald Trump ofreció su apoyo a México para declarar una “guerra” contra los cárteles, mientras que varios congresistas republicanos propusieron designar a los grupos criminales mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, el estatus legal que validó las invasiones militares estadounidenses en Irak y Afganistán.

Haciendo sonar los mismos tambores de la guerra, The Wall Street Journal afirmó en un editorial tan agresivo como alarmista que en México “los cárteles son esencialmente el Estado”, y sin ofrecer evidencias contundentes, concluyó que no puede descartarse una “operación militar”.

Recordemos que la llamada “guerra contra el narco”, declarada en 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, ya intentó la solución militar con el brutal saldo de alrededor de 250 mil asesinatos al terminar la presidencia de Enrique Peña Nieto en 2018.

Como ha demostrado el importante trabajo de periodistas como Ignacio Alvarado, Arturo Rodríguez, Dawn Paley y Federico Mastrogiovanni, la militarización condujo campañas de desaparición forzada y despojo de tierras comunales ricas en recursos naturales, donde ahora se desarrollan megaproyectos extractivistas de empresas trasnacionales en estados como Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y Baja California, donde supuestamente se combate al “narco”.

El presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), llegó al poder con una propuesta de cambio radical: la pacificación del país rechazando la agenda de seguridad nacional estadounidense mediante el fin de la “guerra”, es decir, la cancelación de los operativos militares antidrogas. También creó una Guardia Nacional para desplazar gradualmente al Ejército de las tareas de seguridad.

Según un general en retiro, sectores del Ejército están molestos y decepcionados con esa política de pacificación. El presidente inquietó a la nación cuando respondió que la ciudadanía no permitiría un “golpe de Estado”.

Con tal nivel de complejidad en la información, sorprende que numerosos medios dentro y fuera de México repitan sin sustento que la violencia en México sólo se limita a que los “cárteles” se disputan la soberanía territorial del país.

Una de las más recurrentes inercias de los medios consiste en reaccionar con demasiada premura ante la violencia. Sin un reporteo serio y completo, se asume con frecuencia que toda persona empuñando un arma debe ser un “narcotraficante” y que todo acto de violencia necesariamente implica un desafío a la seguridad y viabilidad del Estado.

En este punto, deliberada o inadvertidamente, los medios corren el riesgo de legitimar a quienes promueven la agenda de seguridad nacional estadounidense y el intervencionismo, que la académica María José Rodríguez Rejas ha denominado la “norteamericanización” de la seguridad en América Latina.

Este proceso tiene una larga historia en nuestro continente. En Guerra psicológica, uno de los manuales de referencia del Ejército estadounidense durante la Guerra Fría, Paul Linebarger explicita una de las condiciones esenciales para inventar una guerra: la violencia debe ser ejecutada públicamente por grupos armados.

“Si le disparas a tu vecino, estarás cometiendo asesinato”, escribió Linebarger. “Pero si juntas a 20 o 30 amigos, atas un pañuelo rojo en el brazo izquierdo de cada hombre, anuncias que se han propuesto derrocar al gobierno de los Estados Unidos, y entonces le disparas a tu vecino como un impedimento contrarrevolucionario para el nuevo orden de las cosas, puedes tener la satisfacción de haber hecho la guerra”.

No es una coincidencia que Guerra psicológica haya sido publicado en 1948, un año después de que el Congreso estadounidense aprobara la Ley de Seguridad Nacional que unificó las fuerzas armadas bajo el Departamento de Defensa y creó la Agencia Central de Inteligencia (CIA, en inglés) para coordinar los trabajos de espionaje intervencionistas.

La guerra psicológica y las acciones de desinformación sobre enemigos domésticos fueron efectivos en Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX “para manipular el clima político y preparar a una población para la violencia”, según la académica J. Patrice McSherry.

Todo esto puede sonar anacrónico y desfasado, pero ya se ha comprobado por lo menos un caso reciente de “falso positivo”, en el que la Policía estatal asesinó en Tamaulipas a ocho ciudadanos que fueron obligados a vestir uniformes de supuestos miembros de un “cártel”. Influyentes intelectuales de izquierda ya hablan incluso de un “golpe blando” en contra de AMLO.

Lejos de ser una simple cuestión de “seguridad nacional”, la actual violencia en México debe comprenderse como un síntoma más del agotamiento del paradigma neoliberal que enmarca las protestas masivas en Chile, que votó a favor del regreso de la izquierda en Argentina y que amenazó al establishment que perpetró el golpe de Estado en Bolivia.

Los medios de comunicación enfrentan entonces el mayor peligro de estos tiempos de agitación y transformación política: ser instrumento de la propaganda que busca legitimar una nueva militarización en México. A contracorriente de las agendas de seguridad nacional, los medios deben negarse a “proveer la guerra” y denunciar en cambio los intereses que insisten en manufacturarla.