LA MONTAÑA: NORMA CORONAY LA TÍMIDA JUSTICIA

OSCAR LOZA OCHOA PRINCIPALES

Por Oscar Loza Ochoa.

Nosotros simplemente somos un presente

que alguna vez ha sido futuro.

José Saramago

Héctor Luis “el Güero” Palma fue liberado recientemente. Pero quedó arraigado por 96 horas en espera de que alguna autoridad nacional o extranjera pueda presentar cargos en su contra. Este sábado 8 se vence el arraigo. El caso nos remite a los trágicos momentos que vivimos hace 31 años, cuando Norma Corona cayó abatida la tarde del 21 de mayo de 1990 en la estrecha y somnolienta calle Zaragoza casi esquina con Riva Palacio. La averiguación previa que trabajó la Procuraduría de Justicia al mando de don Manuel Lazcano, contempló la responsabilidad intelectual de Héctor Luis Palma.

Como todos sabemos, tres semanas después de caída Norma, se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos en desagravio y cuya primer tarea en su agenda sería su caso. Debido a la gravedad de la causa y al involucramiento del comandante de la Policía Judicial Federal Mario Alberto González Treviño, la CNDH solicitó que la Procuraduría General de la República atrajera la averiguación previa originada en Sinaloa. Para la procuración de justicia del caso Norma hubo dos expedientes: uno del fuero común y otro federal.

Por eso hubo detenidos como José Rosario Angulo Quintero, Santos Arellano Bazán, Jacobo Isaac Chávez Lafarga “el Caballo”, Fernando Beltrán y Camilo Beltrán Gastélum, quienes comparecieron ante un juez local. Y en el caso de González Treviño que respondió por cargos similares ante un juez federal. Hubo, desde luego, prófugos que nunca comparecieron ante la autoridad competente por el homicidio de Norma Corona, entre ellos “el Güero” Palma. Pero ha habido tres momentos en los cuales se presentó la oportunidad de que fuera juzgado por ello: luego de su detención en Guadalajara después del accidente aéreo en los cerros cercanos a Tepic, al regreso de los Estados Unidos tras el cumplimiento de su condena y el tercero se presenta ahora.

En la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, no sabemos de ninguna actuación de la Fiscalía General del Estado al respecto. A lo mejor considera que ha prescrito toda responsabilidad en el caso, lo que está por demostrarse tratándose de materia de derechos humanos, pero no debe permanecer en silencio. A Juan José Ríos le corresponde hoy dar una nota aclaratoria al respecto. Él es el fiscal y nos tiene que quedar muy claro si hay causa que perseguir o no la hay en el caso que tratamos.

Mientras, la memoria histórica sobre Norma y su obra ha ido creciendo de manera imponente: la presente Legislatura del Congreso del Estado acordó el Premio Norma Corona, para entregarlo cada año a una mujer que se haya destacado por su trabajo y entrega en materia relacionada con los derechos humanos. Y, por si ese reconocimiento no fuera mayor, la Universidad Autónoma de Sinaloa, al conmemorar su CXLVIIII aniversario este 5 de mayo, devela el busto de Norma Corona en la Rotonda de Universitarios Ilustres, junto al poeta Juan Eulogio Guerra Aguiluz, el exrector Rodolfo Monjaraz Buelna y otros.

Esa memoria toca tantas aristas, pues la ciudad de Culiacán le dio el nombre Norma Corona a uno de sus bulevares de la zona norte poniente, la Facultad de Derecho le guarda un espacio y un mural dedicado a su lucha y persona, su aniversario luctuoso marcó un hito en el movimiento de defensa de los derechos humanos, pues ese día llueva, truene o relampaguee, se rinde un informe sobre el estado que guardan los derechos humanos por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, de la que Norma fue fundadora y su primera presidenta.

Ni Sinaloa ni las familias de las víctimas merecen que la procuración de justicia se quede a medio camino, porque ello lastima la memoria de los seres queridos que murieron violentamente. Y cuando se trata de sinaloenses que ofrendaron su vida por una causa social, con mayor razón. Son los casos de Jesús Michel Jacobo, de Jorge Aguirre Meza y Sandra Luz Hernández. Pues en ninguno de ellos se puede presumir que el brazo de la justicia haya tocado sus personas. En el caso de Jesús no hubo nunca un presunto responsable consignado ante un juez, en los casos de Aguirre y de Sandra Luz, sí los hubo y fueron absueltos.

No sería buena noticia el silencio de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa. Los malos antecedentes de los casos mencionados no aconsejan callar. Los activistas de derechos humanos y la sociedad queremos explicaciones claras y contundentes, pues la impunidad que ha encubierto responsabilidades en los casos de otros compañeros no tiene cabida ahora. El derecho humano a conocer la verdad debe imponerse hoy. Si a juicio del fiscal Juan José Ríos no hay ninguna presunta responsabilidad que reclamar a Héctor Luis Palma, que lo diga para que nos quede claro a todos que así es, pero que no calle. La memoria de Norma y la causa de los derechos humanos pesan demasiado sobre la conciencia de todos. Vale.

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