LA MONTAÑA: DESASTRES QUE HEREDA EL COVID-19 Y DEUDA PÚBLICA

OSCAR LOZA OCHOA PRINCIPALES

Por Oscar Loza Ochoa.

Nadie dirá jamás el instante

en que las puertas se abren a los sueños.

Julio Cortázar

Europa vuelve al confinamiento, establece toques de queda y experimenta algunas manifestaciones de violencia, como fiel expresión de los temores ante lo que puede traer esta segunda ola del coronavirus que parece retomar su galope de origen. A este virus no se le ven bridas ni estribos aún y los remedios que se cocinan en diferentes latitudes y laboratorios del mundo siguen siendo la gran deuda pendiente. Los enfrentamientos con altas dosis de violencia en España e Italia entre civiles y autoridades, hablan sobre las condiciones de tensión política y social en que este regreso de la pandemia encuentra a esas sociedades golpeadas económicamente, desgastadas moralmente e inconformes con los resultados de las políticas aplicadas por sus gobiernos.

Ese temido regreso del Covid-19 ha impuesto sus reales también en Chihuahua y Durango y amenaza a otras ocho entidades mexicanas que ya habían alcanzado el color naranja o el amarillo, con vestir su semáforo de un manto cardenal. Lo que indica que durante el presente otoño y el próximo invierno el problema sanitario nos puede replantear una situación similar a la de marzo y abril pasado, pero en condiciones económicas y morales muy distintas a las de aquellos días.

La pandemia ha sido inmisericorde con nuestros trabajadores dentro y fuera de México. La National Domestic Workers Alliance, señala que el 93 por ciento de las trabajadoras domésticas en Estados Unidos de origen latino perdió su empleo, muchas de ellas son mexicanas. Y el perfil de la mayoría es ser migrantes e indocumentadas. Es una pena que en México las estadísticas no sean un campo que haya invadido toda actividad económica y social y de manera tangencial sabemos por la Cepal que en México hay alrededor de 2.3 millones de empleados domésticos, que el 93 por ciento son mujeres y que en América Latina el 77 por ciento no tienen seguridad social. ¿Cuántas de estas trabajadoras perdieron el empleo al ganar terreno la pandemia? No tenemos el registro. Destaca en su favor la campaña que Alfonso Cuarón hizo para que los patrones no las dejaran sin ingresos.

El Covid-19 ha profundizado los problemas de las familias desplazadas por la violencia. Las ciudades de Mazatlán, Villa Unión y Concordia, son escenario de manifestaciones públicas de personas desplazadas de la sierra de Concordia, bajo la consigna de “queremos terrenos y vivienda”. No pueden regresar a su tierra de origen, donde quedaron sus bienes y querencias y los lugares donde se han asentado no les ofrecen las condiciones mínimas para una sobrevivencia acorde a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de ONU. Urgen recursos para la atención de los desplazados de la violencia.

La Secretaría de Salud emitió un acuerdo en el mes de marzo, con el fin de proteger a los trabajadores que padecen enfermedades crónicas y por ser adultos mayores. El IMSS consideró que ese universo alcanza los 10 millones de personas; luego de registrar la actitud negativa de muchos patrones que simplemente despidieron a los empleados con ese perfil, el IMSS redefine dicho perfil “para evitar discriminación y despidos en las empresas”. Y en los ajustes al estudio de vulnerabilidad de contagio buscando precisar quiénes son los “trabajadores de alto riesgo”, ahora nos sale que el 80 por ciento de esos trabajadores pueden regresar a sus puestos de trabajo “en condiciones seguras”. Sólo quedaría protegido el 20 por ciento de ellos, es decir 2 millones nada más. El IMSS se duele de esta realidad: 1 millón 168 mil trabajadores solicitaron incapacidad desde que inició la pandemia hasta el 31 de octubre. La institución esperaba sólo 213 mil solicitudes. Por lo demás, el regreso de los 8 millones de trabajadores a sus puestos de trabajo, habla de la abierta vocación patronal del IMSS.

En el marco de la pandemia hay dos noticias que significan una bocanada de aire fresco: las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos fueron superiores a 29 mil 830 millones dólares durante el mes de septiembre, lo que nos habla de un crecimiento de un 1.1 por ciento, luego de un trimestre de contracciones. Junto a esta noticia, nos alegra saber que el golpeado sector de paisanos que migraron a Estados Unidos ha enviado remesas entre enero y septiembre pasado por un monto de 29 mil 964 millones de dólares. Ello significa 10 por ciento más que lo enviado en el mismo período de 2019 y 10 mil millones de dólares más que el superávit comercial de lo que va de 2020.

Por los problemas que enfrentamos hoy, incluido el preocupante crecimiento de los precios de alimentos, que pone en serios apuros a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, en el Congreso de la Unión y en todas las esferas de la vida productiva y social, debe imponerse la reflexión sobre la magnitud de la deuda pública y las consecuencias que tiene para la independencia de la Nación, el funcionamiento eficiente de entidades federativas y municipios. La deuda pública no sólo se vuelve impagable en los términos que se nos presenta ahora, también ata y limita, sobre todo, las posibilidades de inversión en los programas sociales, esos que pueden marcar la diferencia entre una alta mortalidad y morbilidad infantil y un desarrollo digno de nuestra niñez, desde luego también que pueden hacer la diferencia entre la pobreza extrema y nuevas oportunidades de desarrollo para esas decenas de millones de pobres pobres en México. La Suspensión del pago de la deuda pública debe entrar de manera inaplazable en la agenda del Congreso de la Unión. No hacerlo es abandonar al país a la suerte que le imponen sus acreedores. Vale.

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