LA MONTAÑA: DERECHOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

OSCAR LOZA OCHOA

Por Oscar Loza Ochoa.

El análisis es la ciencia y la demostración

el arte de los que se nutre la historia.

Cyril Lionel Robert James

El 1 de julio de 2018 el pueblo reaccionó contra un sistema político nonagenario. Y la reacción no fue una descalificación general y amorfa de dicho sistema. Fue una rebelión electoral que demandó el desmantelamiento del edificio político y administrativo que da sustento a tanta desigualdad económica y social. Quienes acompañamos a esos 30 millones a las urnas sabemos que el cambio no es una obra de meses, pero nos preocupa que muchos de quienes llegaron a puestos de elección popular no asumen el compromisos de empujar los cambios mencionados.

A menos de un año de caminar el nuevo gobierno la realidad nos habla del estado desastroso en que el viejo régimen entrega la administración pública y en el que mantiene aún al país. Basta mirar el endeudamiento que se impuso a México y los compromisos que se desprenden de él, para contemplar las limitaciones del presupuesto federal en los renglones que deben atender pobreza y desigualdad social. Banqueros, especuladores y grandes empresarios pautan, en buena medida, la distribución de los dineros públicos, volviendo muy estrecho el margen de maniobra que debe romper el círculo vicioso del modelo que nos condena al atraso y la miseria de la mayoría.

Las ciudades moldearon su rostro al ritmo de la ruina inducida del campo, del hundimiento del esfuerzo pesquero, del galopante desempleo la precariedad laboral urbanos y de la criminal especulación de particulares, líderes y funcionarios corruptos, que volvieron «habitables» todo tipo de terrenos, creando asentamientos humanos en lechos de arroyos, en zonas bajas, invadiendo las riberas de los ríos y limitando peligrosamente cauces naturales por donde el agua ha corrido por miles de años, creyendo que los pequeños y modestos arroyuelos no se convertirían nunca en un serio peligro o, lo que es peor, apostando a que si se presentaban problemas (incluidas tragedias) que las arree al que desgraciadamente le toque.

En los tres principales municipios de Sinaloa gobiernan representantes de Morena y creo que no han diferenciado muy bien entre lo que ellos quieren emprender y las necesidades prioritarias de sus cabeceras municipales. No les queda muy claro el estado en que recibieron sus municipios, tanto en materia de infraestructura pluvial, urbana en general, las desigualdades sociales, la calidad de los servicios públicos y los problemas de seguridad. Y que conste que las últimas temporadas de lluvias nos han golpeado tanto que no debiera caber duda alguna sobre los principales frentes que deben atenderse.

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, solicitó a los seis municipios más dañados por la Tormenta 19E y el Huracán Willa, información sobre el Atlas de Riesgos y las medidas que estaban tomando para prevenir tragedias humanas. Sólo Culiacán y Escuinapa nos dieron respuesta. Ahome, Navolato, Mazatlán y El Rosario, ignoraron la solicitud. Culiacán nos informa que la última actualización de su Atlas de Riesgos data del año de 2015. A como crece la ciudad y las consecuencias del cambio climático, hemos perdido cuatro años sin aportar datos a dicho Atlas. Llamamos la atención sobre el punto geográfico donde falleció la menor Alejandra: no está contemplado en el Atlas de Riesgos como zona crítica y ya tuvimos una desgracia.

¿Qué estado guardan los dichosos Atlas en el resto de los municipios? Sólo los cancerberos responsables de los mismos y Dios, como dice mi madre, lo saben. Y no cuento entre ellos a los presidentes municipales, porque dudo que su interés haya llegado hasta allá. Pero si prueban lo contrario, les ofreceré disculpas públicas.

En la ausencia de respuesta a las solicitudes que hacemos los organismos de derechos humanos no gubernamentales y en las aceptaciones  forzadas de las recomendaciones y no cumplidas en su mayoría, está el meollo de cómo se asume la exigencia de cambios profundos en la administración pública y en la vida del país, que significa el histórico 1 de julio. Simplemente no se asume el compromiso y en el horizonte de la función pública ni la filosofía de Lampedusa se asoma por accidente (cambiar todo para no cambiar).

No atender las solicitudes de información de los organismos humanitarios y sus recomendaciones, que por lo demás es un mandato constitucional y un compromiso del Estado mexicano ante la legislación internacional, es querer seguir imponiendo un modelo de administración rechazado por la voluntad popular en las urnas y cerrar los ojos ante una realidad urbana que no admite negligencias ni ignorancias sobre sus urgentes necesidades. En los próximos meses el Congreso discutirá y aprobará el presupuesto para el año 2020, los municipios están muy a tiempo para revisar sus prioridades.

Que no se distraigan los recursos al estilo de Alfonso Martínez Domínguez, que cuando fue gobernador de Nuevo León priorizaba la introducción de energía eléctrica y pavimentación, porque era lo que podía verse por beneficiarios y visitantes. El drenaje y el agua potable (que son subterráneos) no eran prioritarios porque nadie se enteraría de su existencia. Que no falten voces para decirles a nuestros presidentes municipales que urge actualizar los Atlas de Riesgos y modernizar toda la infraestructura pluvial de nuestras ciudades. Urge. Vale.

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