LA MONTAÑA:  COVID-19, HOSPITALES PRIVADOS Y RUINA DE FAMILIAS

OSCAR LOZA OCHOA PRINCIPALES

Por Oscar Loza Ochoa.

Sin ir muy lejos, la tan mentada globalización 

es en última instancia un gran basurero del poder.

Mario Benedetti

Morir es de por sí una gran tragedia. Y despedirse de este mundo dejando a la familia con deudas impagables es otra catástrofe del mismo tamaño. Esa es la historia, repetida hasta las lágrimas, que recogemos casi a diario en la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa. Muchas familias, desesperadas ante la gravedad de sus enfermos de Covid-19 los internan en hospitales privados y algunos días después la triste realidad son dos golpes demoledores: la muerte del paciente y una deuda que puede ir de los 250 mil pesos hasta más de un millón.

Creímos que la crisis del coronavirus nos volvería más humanos, pero no es el caso, al menos en las instituciones de salud privadas. En las primeras semanas la visita del especialista costaba alrededor de 5 mil pesos y saltó a los 25 mil, de acuerdo a los testimonios de familiares. Como la mayoría son personas de una variopinta clase media, durante los días de angustia vendieron sus autos o sus viviendas para abonar a la cuenta hospitalaria y a la hora de recoger el cuerpo inerte de su deudo, ya estaban en la calle, sin dinero y con el problema de que no les querían entregar sus muertos si no pagaban el resto de la deuda.

Hemos mediado para hacerles saber a los hospitales privados que la retención de un enfermo o un cadáver porque no se pueda pagar la deuda en ese momento, es un delito y que el ministerio público puede intervenir. De mala gana, pero han aceptado la firma de pagarés. Y las familias se van con dos enormes fardos: el familiar fallecido y una deuda que superó el valor de sus bienes materiales. En homenaje a esas familias, quiero recordar la parte final del soneto Desprecio del aparato vano y superfluo de Francisco de Quevedo: Que en mi cabaña, con mi lumbre escasa, / poco tendrá la muerte que me quite, / y la Fortuna en que ponerme tasa.

Este es un asunto muy grave que el Estado mexicano no debe pasar por alto, pues entre las desdichas crecientes en nuestra sociedad están las deudas de esta naturaleza. Las instituciones como el IMSS, el ISSSTE, los hospitales de la mujer, hospitales pediátricos y los hospitales generales, son un entramado deficiente que no puede enfrentar la dimensión del problema que nos presenta el coronavirus. El propio sistema de salud nos lo heredaron las administraciones anteriores en terapia intensiva y por más esfuerzos que se han realizado desde el nuevo gobierno, las diferentes manifestaciones de los trabajadores de la salud nos hablan de las limitaciones que ahora ahogan a esas instituciones.

El 13 de abril el gobierno federal firmó un acuerdo con dos cadenas de hospitales privados, con el fin de que pusieran a disposición de la Secretaría de Salud 3 mil 300 camas para evitar saturación ante los avances del Covid-19. Sería por un mes, pues los cálculos originales hablaban que para el día 10 de mayo podíamos andar orondos y confiados en la calle. No sabemos si continúa vigente o no ese acuerdo, pero lo que sí nos queda muy claro es que entre el dichoso acuerdo y los múltiples casos que mencionamos no hay una relación que los salve.

Como la propia OMS y la Secretaría de Salud nos hablan de que la pandemia se irá más allá de agosto y que las medidas de sana distancia y de no saturar espacios públicos y menos los cerrados como escuelas y centros comerciales, pueden irse hasta septiembre u octubre, sin descartar que regrese el coronavirus a fin de año al mismo trote que ya le conocemos. Por todo ello, el Estado tiene que pensar en serio en la necesidad urgente de nacionalizar los hospitales privados y las farmacéuticas que operan en el país, si quiere enfrentar con éxito el Covid-19 y salvar a un número importante de familias mexicanas cuyas deudas los hundirán por dos o tres generaciones.

La decisión del presidente de apoyar la formación de especialistas en las diversas ramas de la medicina es muy sabia, pues prácticamente entrarán todos los aspirantes (unos 50 mil); pero terminar su formación y concluir lo que resta de los 312 hospitales que dejaron comenzados las administraciones anteriores llevará su tiempo, sin mencionar los que deben planearse y edificar en el futuro inmediato. Hay medidas que no admiten demora, sobre todo porque el coronavirus tampoco nos da cuartel. Si la crisis sanitaria se ha vuelto oportunidad para forjar fortunas para algunos empresarios del sector salud, el Estado está obligado a responder por quienes no pueden cobijarse en el artículo 4° Constitucional para hacer realidad su derecho a la salud y terminan siendo víctimas del sistema privado de salud.

Tomar ese tipo de medidas le daría un rostro más diáfano y humano a la llamada 4T en el marco del 1 de julio, II aniversario del gran tsunami electoral de 2018. Y significaría un salto muy importante del perfil que debe tomar la medicina en la era pospandemia y posneoliberal. Una medicina de carácter social que se corresponda con la vida democrática que va tomando cuerpo en México. Nos armaría de mejores herramientas para los apuros inmediatos en que nos quiera meter el Covid-19 y sería un gran legado para las generaciones venideras. Vale.

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