LA MONTAÑA: CORONAVIRUS, LEY DE AMNISTÍA Y URGENCIAS

OSCAR LOZA OCHOA PRINCIPALES

Por Oscar Loza Ochoa.

Reconstruir un mundo que sea viable, pues,

el que estamos dejando atrás no lo fue.

Carlos Correa/ Carta a la OMS

Bienvenida la Ley de Amnistía decretada recientemente. Es una medida que atiende las urgencias del momento de esta crisis sanitaria y que busca bajar los riesgos de contagio de una población penitenciaria de más de 201 mil internos. La Ley mencionada aplica para los reos federales con el perfil de ser primo delincuentes, con sentencia firme, que no hayan cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personal y no hayan utilizado armas de fuego.

En el cuadro de delitos susceptibles están el aborto, que incluye a la madre, médico y partera. Contra la salud, tratándose del último eslabón de la cadena, personas en estado de vulnerabilidad. Los cometidos por ciudadanos indígenas y cuyos juicios fueron en la lengua nacional y no en la propia. Por robo simple sin violencia. Incluyendo a los presos políticos condenados por sedición, exceptuando el terrorismo. El espectro de faltas criminales pudo ser más amplio, pero quedó así.

¿Cuál será el alcance de esta Ley de Amnistía? Sin contar la suerte que tendrán las leyes locales correspondientes en la materia, ya se ha adelantado que alrededor de 2 mil 400 presos pueden alcanzar el beneficio de la libertad por Amnistía. Si la población penitenciaria federal es de unos 31 mil reos, el porcentaje beneficiado no sería mayor al 7.7 por ciento. Para la dimensión de la crisis penitenciaria mexicana este porcentaje no aliviará la sobrepoblación y para el hacinamiento en celdas que tienen hasta 16 internos (caso de Sinaloa), no ayuda la gran cosa para torear el coronavirus.

Pero es la base para las leyes de amnistía que tendrán que aprobar los congresos locales. En eso estriba su verdadera trascendencia. La apuesta nuestra es que sucedan dos cosas muy importantes en el contenido de las leyes de amnistía locales: que se amplíe la gama de delitos, guardando los otros perfiles y que se abrevien los tiempos en la ejecución de la Ley, sin que la burocracia limite o impida un alto número de beneficiados. Por muchas razones un porcentaje de beneficiados del 20 por ciento del total de 170 mil internos del fuero común, ayudaría mucho a contener el Covid-19 y a bajar la presión que hoy viven los penales mexicanos. Serían unos 34 mil presos los beneficiados.

Para la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, el tiempo apremia para empezar a trabajar en la Ley de Amnistía local. Eso le decimos al Congreso del Estado en una Medida Cautelar que le hicimos llegar este martes 28. Dejar pasar los días, es abonar en favor de la crisis sanitaria, pues el coronavirus ya se nos metió por un portillo (o la puerta principal) a uno de los penales sinaloenses. No esperemos que se convierta en brote y en una indeseable tragedia que todos lamentaríamos.

En otro orden cosas, hemos venido insistiendo en la necesidad de que el Estado, en todos sus órdenes, elabore un plan para la atención de los sectores sociales que no tienen ingresos y

que su desamparo económico y social los pone en un gran predicamento ante la múltiple crisis que hoy vivimos: sanitaria, económica, de seguridad y medioambiental. El día lunes 27 hicimos llegar una carta al Superdelegado de programas federales, Jaime Montes y al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, en la que les urgimos a tomar medidas para disponer de un fondo económico con el fin de atender las necesidades elementales de las familias más vulnerables ante la crisis. No hemos recibido respuesta.

Los músicos han salido a la calle en busca de apoyo. Las esquinas de algunos puntos geográficos de Culiacán han recibido a bandas, mariachis y chirrines, donde improvisan intervenciones musicales. Este martes 28 fueron a Palacio de Gobierno. Su sensible presencia y las ahora agridulces notas de El Sinaloense, El Quelite y otras canciones, que tan bien nos saben en mejores momentos, hablan de que no son los únicos en situación difícil: allí están las trabajadoras domésticas, los comerciantes ambulantes, los discapacitados sin apoyo, albañiles, vendedores de cruceros, etc. ¿Qué respuesta tendrán del Gobernador Quirino? No lo sabemos. Él y el Congreso del Estado tienen la palabra.

Ya comenzaron las jornadas aciagas: el martes 22 de abril tuvimos ocho defunciones y 52 nuevos casos en Sinaloa y han ido apareciendo en las estadísticas del dolor casos que no estaban en el registro oficial (en dos ocasiones). Y nos dicen que en la primera mitad del mes de mayo la campana de Gauss, esa curva que queremos aplanar, puede alcanzar su pico. Ojalá por el tiempo (para que no sea más largo), pero ¿cuál será el costo en vidas? No quiero ni pensarlo. Mientras tanto hay voces que hablan de la necesidad de un gran pacto nacional para enfrentar coronavirus y recesión económica. No estaría mal, siempre que en éste quede claro que no son los pobres los que deben pagar la crisis. Por lo demás, los ahorros y apretones de cinturón del gobierno son bienvenidos, pero que no se olvide que los recursos destinados al pago de una deuda ilegal, inmoral e ilegítima son del pueblo. Y deben volver a él. Vale.

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