ESCENARIOS IMPREVISTOS DE UNA GUARDIA NACIONAL MILITAR EN MÉXICO

Por Lilian Chapa Koloffon**

EUA. 7 sept. 2022. (The Washington Post).- Desde que inició su gobierno, la principal apuesta en seguridad pública del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consiste en conformar una Guardia Nacional (GN) a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El presidente lo colocó en su plan de gobierno y, desde entonces, ha defendido la militarización de la Guardia Nacional. En 2019 el poder Legislativo dispuso adscribirla a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un intento fallido de preservar su carácter civil.

López Obrador también anunció que presentaría una reforma para adscribir la GN a la Sedena. Y en respuesta al paro legislativo que impediría que transite una reforma constitucional en el Congreso, se intentará concretar el plan por medio de modificaciones a leyes secundarias.

Habrá que esperar a ver el contenido de la iniciativa de reformas, pero si la intención del presidente es asignarle al Ejército funciones permanentes de seguridad pública, con sus nuevas responsabilidades vendría necesariamente también un escrutinio para los militares.

Los soldados que desarrollen funciones policiales deberán asumir forzosamente una posición de responsabilidad y revisión sistemática en el proceso penal al que hasta hoy no se han sometido. Sería cuestión de tiempo para, quizá, atestiguar una colisión inédita entre las Fuerzas Armadas y el poder Judicial o las fiscalías.

Una detención, entrevistas a testigos y en general cualquier proceso de investigación de delito, tendrán que ceñirse a reglas y principios que protegen los derechos de la persona acusada. Si no cumplen con la ley, sus actuaciones —que serán calificadas por una persona civil— se derrumbarán una tras otra por ilegales.

Aunque el Ejército participa en operaciones de combate al tráfico de drogas con acciones como detenciones, cateos y trabajo de inteligencia al menos desde 1975, hasta la fecha no se han sometido a la regulación que aplica a las instituciones policiales en el proceso penal que nos rige a los civiles.

A partir de 2006, en un contexto criminal mucho más complejo —con organizaciones delictivas más sofisticadas, con estructura empresarial y diversificadas en sus actividades ilícitas— algo se hizo evidente en la estrategia policiaco-militar contra el crimen organizado que inició el entonces presidente, Felipe Calderón. La intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad bordea, o de plano ignora, la línea que separa las amenazas de seguridad nacional —en el ámbito de los militares—, de la de los problemas de seguridad pública —el terreno de policías civiles—.

Actualmente, gracias a un artículo transitorio de las reformas que crearon la GN, actúan escudados bajo un carácter “extraordinario” de apoyo a las instituciones civiles de seguridad.

Desde entonces y hasta ahora, las Fuerzas Armadas han optado por mantenerse en un terreno ambiguo: involucradas en la operación de combate al crimen pero alejados de los procedimientos cotidianos de la tarea policial en su interacción con el Ministerio Público y jueces. Como si a ellos las reglas no les aplicaran. Por ejemplo, el informe anual 2021 de la Guardia Nacional reportó el número de detenciones realizadas por sus integrantes, pero no así de las puestas a disposición. Mucho menos se sabe de los números en estas categorías de las Fuerzas Armadas.

Si a las misiones de las Fuerzas Armadas formalmente se suma el salvaguardar la seguridad pública, tal como quiere el presidente López Obrador, no podrían librarse de cumplir con todas las obligaciones a las que está sometida la función policial en el proceso penal. Tendrán que cumplir con los requisitos de procedimiento para las detenciones y con el tipo de actos de investigación que se puedan considerar legales. Invariablemente, tendrán que acompañar cada puesta a disposición de un detenido ante el Ministerio Público con el respectivo informe policial.

Ahí en el primer filtro, una persona agente hará una primera valoración de la legalidad de la detención así como de la coherencia de lo que se narre en el informe policial. Después, si el proceso avanza, el militar tendrá que rendir testimonio oral ante un juez o jueza, además de que podría ser interrogado por la defensa de la persona imputada. Todo esto lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Es decir, también en esta etapa la actuación de los militares tendrá que someterse a la valoración de un juez cada uno de sus actos como autoridad desde el momento de la detención y también serán evaluados y debatidos los elementos de prueba que aporte. Además, tendrán que ser conocidos previamente por la persona imputada y por su defensa.

El sistema de escrutinio por parte de autoridades civiles como agentes del Ministerio Público y jueces, y que sus actuaciones sean públicas, sería un escenario nuevo para el Ejército.

A partir de la reciente conformación de la Guardia Nacional, desde 2019 y hasta marzo de 2024, las Fuerzas Armadas actúan en seguridad pública con la protección legal de un artículo transitorio. Este les ha permitido de cierta forma evadir las mencionadas obligaciones, a falta de una regulación ad-hoc que el Legislativo ha incumplido en elaborar. Pero el plazo de cinco años establecido en la ley está por expirar. El deseo presidencial de otorgarle funciones policiales al Ejército es un proceso con implicaciones en la operación del sistema de justicia que no se han dimensionado. El conflicto entre militares y las decisiones judiciales serían inevitables y de consecuencias no previstas.

Cabe entonces lanzar un cuestionamiento: ¿se someterán los integrantes de las Fuerzas Armadas de lleno en funciones de seguridad pública a las reglas del proceso penal? El escenario problemático para la gobernanza en seguridad, lo tendría que enfrentar desde su primer día de funciones la próxima persona que ocupe la Presidencia de la República

** Lilian Chapa Koloffon es investigadora senior en la organización World Justice Project. Es analista de políticas de seguridad pública.