LA MONTAÑA: LA ÉLITE Y DERECHOS HUMANOS

Por Oscar Loza Ochoa

Te vuelves y preguntas por qué hay pobres.

Descubres

Que está mal hecho el mundo.

José Emilio Pacheco

Culiacán, Sin. 13 dic. 2018.-  La negativa del Poder Judicial a regular sus sueldos y prestaciones abre una necesaria polémica sobre privilegios y derechos humanos. Y esa diferencia pública no puede quedar solo como desencuentros entre el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia. No debe quedarse en ese nivel porque es un asunto que atañe a todos los mexicanos, más de lo podemos imaginar.

El diferendo obliga a ver el asunto de los sueldos de los altos funcionarios como un problema de derechos humanos. Partamos de entrada del artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”

Los recursos con que cuenta cada Nación no son infinitos y de los que se dispone no pueden ser patrimonio de minorías o élites, porque ello condena a millones (53.5 por ciento de los mexicanos) a la miseria y a la exclusión social. Porque la cobija se carga hacia un rincón y el resto queda descubierto. ¿Hay alguna justificación moral, económica, política o social, que nos permita aceptarlo? Ninguna, los abusos y excesos no son razones.

Los miembros del Poder Judicial podrán alegar en su defensa que tienen derecho a esos estratosféricos ingresos, pero no aportan ningún elemento jurídico, moral, económico y social que convenza. Y hasta el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, se sube al ring y se pone los guantes, olvidándose de su obligado papel al lado de los más vulnerables. Quiere mantener el privilegio de sus ingresos y no aboga por la ausencia de ellos en dos decenas de millones de compatriotas en pobreza extrema, que ni siquiera ingresos tienen. Habrá que recordarles que el artículo 1º de la Constitución Política mandata: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.” Todas las personas, no sólo una élite.

Si la polémica no toma en cuenta la relación de ingresos de altos funcionarios y el Producto Interno Bruto (PIB) Per Capita, al interior del país y a nivel internacional, no nos dirá mucho. Es necesario conocer esa relación en otros países mejor posicionados que el nuestro para tener más claro el problema. Un estudio de la OCDE titulado Government at a glance 2017 (Un vistazo a los gobiernos 2017), nos descubre que los sueldos de altos funcionarios que se ubican un escalón abajo de secretarios de Estado, rondan la cifra de 13 veces al PIB

Per Capita de México. Sólo los colombianos superan ese porcentaje. Ni los países desarrollados, donde hay una brecha menor entre ricos y pobres, se dan el lujo de esos ingresos para sus altos burócratas, a saber Canadá es el 8 por ciento, Francia el 6, Suiza y Estados Unidos el 4 por ciento del PIB Per Capita. Todavía más, Islandia y Noruega, contemplan sueldos para esos funcionarios menores al 4 por ciento del PIB Per Capita. Somos una excepción y no precisamente para presumirla, porque detrás de ello hay más de 65 millones de pobres.

El PIB Per Capita de México no es de los mejores, pues de la lista de los 196 países que llevan esa medida, ocupamos el número 73, con un monto de 8 mil 902.8 dólares anuales en 2017, que traducidos al tipo de cambio de hoy no dan 179 mil 836.5 pesos anuales y 14 mil 986.3 pesos mensuales. Cantidad distante de los sueldos de los altos funcionarios. Peor relación estableceríamos si la comparación se da entre el salario promedio de los mexicanos y esos sueldos que resultan en un insulto para quienes adolecen de alguna carencia (por sus ingresos) de acuerdo a los criterios de Inegi.

Considero que el presente resulta un momento muy propicio para reflexionar y para tomar un papel activo en el análisis público sobre el tema, porque hablar de transformación en México no puede serlo dejando de lado a los menos favorecidos por los beneficios que proporciona el desarrollo. Si los recursos con que cuenta el Estado mexicano son producto del sudor y sacrificio de sus trabajadores, la orientación debe estar destinada a la atención de las necesidades de todos, no a las del aparato gobernante y a la élite que lo controla. En los años 30 del siglo pasado un juez norteamericano manifestó que si se quería mantener la estabilidad social, no debería permitirse que la diferencia entre el que gana más y el que gana menos fuera mayor a las 27 veces, porque la profundización de las desigualdades complica todo el edificio social. Tenía mucha razón. Y nuestro deber ahora es hablar sobre el tema. Vale.

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