LA MONTAÑA: JAVIER VALDEZ Y DAYANA, DOLOROSA DEUDA

Por Oscar Loza Ochoa

La justicia es como una serpiente,

sólo muerde a los descalzos.

Gerardo Vega Medina

Culiacán, Sin. 9 nov. 2017.-  El peor oficio es terminar contando los dolores, mientras vemos morir la esperanza. Y a eso parece condenarnos la autoridad. Los 200 años con que cuenta de vida el Estado mexicano no lo han distinguido por su vocación de servicio a los más marginados y a la protección de los estratos sociales más vulnerables, pero sí aprendió muy bien una lección: cuando los familiares de las víctimas y grupos sociales (a veces amplios) agraviados por acciones de la delincuencia o de la autoridad, claman justicia, deja correr las protestas una semana, dos o las que el caso haga posible. Ya se cansarán, es su filosofía.

Después de un corto tiempo, las obligaciones laborales, compromisos sociales y la desesperanza, hacen que decline la asistencia, la manifestación pública organizada y hasta el coraje con que se reclama justicia toma otros caminos y distinta andadura. El Estado lo sabe muy bien y le apuesta a que así suceda. Y no creo que haya excepción en los casos de Javier Valdez y de Dayana.

Por eso ante los cinco meses cumplidos el pasado 6 del presente para el caso Dayana y los seis que se cumplirán el próximo día 15 del caso Javier Valdez, la sociedad civil no puede aceptar que la apuesta de la autoridad simplemente apachurre la iniciativa y el sentimiento de agravio, como nos ha sucedido con los casos de Perla Vega, Rosita Anzures o de Sandra Luz Hernández.

Hay movimiento en torno a los casos de Javier y Dayana. Es responsabilidad nuestra que no desmaye. El organismo Justicia para Javier prepara actividades para el próximo día 15 ante el Congreso del Estado para reiterar el reclamo de justicia y el colectivo Observatorio Ciudadano, que promete dar seguimiento al trabajo de la Fiscalía General en materia de desapariciones, está trabajando para dar seguimiento puntual a casos emblemáticos y ahora se mantiene muy cerca del caso de Dayana. Ambas instancias de activistas requieren del apoyo más amplio que pueda brindar la sociedad, porque es la única garantía de permanencia con pie firme y de  que sean escuchados por la autoridad.

De cumplir la misión para la que han sido creadas estas organizaciones, al final del camino tendremos algunas satisfacciones como sociedad: que puede haber ejercicio pleno de ciudadanía, que se puede vigilar de cerca el trabajo de procuración de justicia que tan poca credibilidad inspira y que se puede influir en el cambio de prácticas en las políticas públicas que permitan acercar el trabajo y sus resultados a lo que se exige de parte de la sociedad. Si lo logramos empezaremos a remontar esa maldición bicentenaria de que ya “nos tomaron la medida”, como dice mi madre y empezaremos a ver nuevos gestos y otro lenguaje de la autoridad hacia el pueblo cuando se reclame justicia.

En los próximos días el gobernador entregará su primer informe de labores al Congreso del Estado y la sociedad no puede ser solo invitada de piedra. Ante la evolución de una administración pública, siempre hay dos informes: el que rinden las autoridades y el que va registrando día a día el pueblo. Todos los ciudadanos hemos aprendido una lección de nuestra vida republicana, pues mientras se gestionan obras públicas desde la base social y programas que impacten en el desarrollo económico y humano, siempre se argumenta que no hay dinero. No conocemos informes oficiales que se desenvuelvan en el lenguaje que la crisis y las limitaciones imponen. Es la danza irracional de los millones, como si la crisis y la cuestionada administración de los dineros públicos anidara en un país ajeno y lejano.

Por eso hablemos del otro informe, el de las carencias, el que nos pega muy cerca, el del desempleo, el de los bajos salarios, el de la inseguridad que nos arrincona y naturaliza la incertidumbre en la vida de cada uno de nosotros. Esa inseguridad que antes era sólo “malaria” de pobres y que ahora toca muy recio a las puertas de los ricos. Esa inseguridad que arroja al seno de miles de familias un sinnúmero de muertes violentas, 72 feminicidios este año, más de 37 mil desplazados y no menos de 1850 desaparecidos en los últimos 10 años.

Y en el informe nuestro no podemos dejar de mencionar los casos de Javier Valdez y Dayana, junto a las miles de víctimas de nuestro estado. Los mencionamos porque al impactar a la sociedad de manera especial se han convertido en emblemáticos y, como tales,  son eslabones de esa cadena que puede jalar al resto de una fuerza social para lograr los cambios más sentidos en las políticas públicas de procuración de justicia. No podemos resignarnos a que la justicia siga siendo como la serpiente, que sólo muerde a los descalzos. Vale.

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