LA MONTAÑA: IMPORTANCIA DE UNA AGENDA.

Columna de Análisis: LA MONTAÑA. Por Oscar Loza Ochoa.

La única cosa porque siento un odio mortal es el olvido.

Guillermo Cabrera Infante.

Culiacán, Sin. 13 abril 2017.-  ¿Qué tantas expectativas puede levantar una reunión con gobernantes? No sé. De lo que no tengo dudas es del valor de esa incansable iniciativa de Voces Unidas por la Vida. No quitan el dedo sobre el renglón: siempre en la búsqueda de sus seres queridos, sin dejar de tocar las puertas de los funcionarios que deben realizar esta tarea y que son determinantes en los cambios legislativos que permitan un alivio a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada y dar un paso en firme para detener esa abominable práctica.

El martes anterior se concretó una reunión de trabajo de Voces Unidas por la Vida con el secretario de gobierno Gonzalo Gómez Flores y el fiscal general Juan José Ríos Estavillo. Presentes también en dicha sesión dos representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, Leonel Aguirre Meza y un servidor.

Los familiares reclamaron que en estos meses que lleva la administración actual, no se han recibido los poyos para el traslado de familiares a las búsquedas, las herramientas y para la renta de maquinaria para excavar los sitios donde se requiere de esa tecnología. El fiscal general explicó que el problema se debe a cuestiones técnicas, pues al cambiar de nombre la Procuraduría, los trámites para dar de alta a la Fiscalía General ante Hacienda llevó varios días. Que todo debe encaminarse bien de ahora en adelante.

Las señoras manifestaron que además de solicitar que las reuniones de trabajo con el gobernador tengan la continuidad prometida el 1° de febrero, se realice un esfuerzo extraordinario para que se actualicen las leyes sobre desaparición forzada de personas y de atención a víctimas del delito, pues no sólo tenemos un lamentable rezago a nivel nacional, sino que todos los familiares cuyos casos no fueron registrados de interés federal, quedan desprotegidos en la atención a nivel estatal porque no hay una comisión de atención a víctimas y tampoco el presupuesto que las necesidades demandan. El compromiso es avanzar de manera conjunta en la elaboración de dichas iniciativas. De nuestra parte ya hemos iniciado ese esfuerzo legislativo.

Algo que vino a colación es el informe presentado recientemente por la CNDH sobre el tema de la desaparición forzada y los saldos terribles que arroja esa nefasta práctica. Los familiares y representantes del organismo nacional coincidieron que el Estado ha quedado rebasado en este delicado asunto, por los niveles que el mismo ha alcanzado y porque no se ven medidas concretas para detener la práctica de la desaparición forzada de personas. Y junto a ello, habrá que reconocer que la recuperación de restos humanos de las fosas clandestinas no se ha hecho respetando escrupulosamente los protocolos, lo que complica su identificación. Y Voces Unidas por la Vida insiste en que el personal pericial para búsquedas e identificación de restos humanos no es ideal ni el suficiente. El secretario de gobierno y el fiscal general estuvieron de acuerdo. Y se comprometen a formar más personal de investigación y a contratar los antropólogos, dentistas y otros profesionales que falten.

Si se cumple con ello seguramente se abatirán los problemas que hoy presenta la llamada Cadena de custodia que debe aplicarse en la recuperación de los restos humanos. Lo que hemos visto en tantas ocasiones y que ha colmado nuestra sensibilidad, sobre todo en las fosas de Veracruz y Morelos, debe llegar a su fin. Para llegar a un buen final en la identificación plena de los restos humanos y entregarlos a quien corresponda, deben cumplirse los protocolos cabalmente. Hay otro campo en este renglón que espera nuestra acción: las fosas comunes en Sinaloa y los cuerpos insepultos que esperan por su identificación plena y entrega a las familias que pertenecen.

El fenómeno de la desaparición forzada de personas ha caminado tanto y ha afectado tan profundamente a la sociedad mexicana que ya demanda de algo más que la participación de los familiares y de la autoridad. Si bien no es el único saldo que arroja la violencia, sí es de los más dolorosos junto a los homicidios. Los congresos de la Unión y de los estados no pueden ser ajenos a ello, tampoco las universidades, ni la sociedad organizada. Los primeros deben incluir en su agenda el tema y las instituciones educativas no pueden ser ajenas en sus análisis y ensayos sobre los problemas sociales, del fenómeno de la desaparición forzada. Y la sociedad en general está emplazada a tomar muy en serio el problema antes de ahogarse en los múltiples problemas que la violencia le arroja en su cara. Pienso en la necesidad de una comisión de la verdad, que nos hable de las causas que llevaron a la práctica de la desaparición forzada de personas y que nos diga, sin miedos, qué tiene que hacer la autoridad y qué debemos emprender nosotros, para terminar con el problema. Vale.

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