LA MONTAÑA: DESPLAZAMIENTO FORZADO, UNA EMERGENCIA NACIONAL.

Por Oscar Loza Ochoa.

Podemos decir que la mejor manera de entender una tragedia

es ser parte de ella.

Jesús Labrada/ Periodista.

Comparto con ustedes mi intervención en el Encuentro de Desplazados y diputados.

No queremos ser un país que huye, como le ha pasado a Colombia, Guatemala, El Salvador y Perú. Las guerras intestinas, declaradas o no, convirtieron a aquellas naciones hermanas en un campo de batalla interminable, con un altísimo costo en vidas, desapariciones forzadas y, desde luego, en un doloroso y masivo desplazamiento de la población civil que vivía en las zonas de conflicto armado o en terrenos apetecibles para bandas criminales y hacendados.

La violencia, allá y aquí, se volvió la fuente de muchas tragedias. Las consecuencias se palpan a primera vista en al menos 13 de las entidades federativas mexicanas. Y por más que se registre una interminable y creciente lista de vidas perdidas, de personas desaparecidas y de comunidades enteras que tienen que abandonar su querencia, propiedades y difuntos, pareciera que “cerramos los ojos para suponer que el otro México desaparecería al no verlo”, como dijera José Emilio Pacheco. Al menos eso ha hecho el Estado mexicano hasta hoy.

Lo decimos porque regiones amplias de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Veracruz, Morelos, Michoacán, Guerrero, Morelos y Sinaloa, entre otros estados, han sufrido los embates violentos entre bandas o entre estas y las fuerzas  federales y las consecuencias que arrojan en materia de desplazamientos, el impacto sobre las economías locales y la pérdida en cadena de sus derechos humanos.

El Estado negó el fenómeno cuando todos llamamos la atención sobre el  desplazamiento forzado de grupos de personas y, cuando no tuvo más remedio que aceptarlo, lo hizo; sin que por ello se tomaran las medidas que el caso amerita: la atención de la masa de desplazados.

El Senado de la República tocó el problema cuando Chihuahua, Coahuila y Sinaloa vivían días en que el corazón se estruja y deja de latir por no saber que sigue en el mundo de violencia. El Punto de acuerdo tomado fue directo y prudente para el asunto de los desplazados: Invitaba al Estado a reconocer el problema y tratarlo tal como lo recomiendan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU. Todavía seguimos esperando que el gobierno mexicano cumpla con ese punto de acuerdo.

Lo que hemos registrado son algunas medidas que poco ayudan a los desplazados a sobrellevar su dura situación. Son medidas parciales y muy transitoria, que no están viendo el problema de mediano y largo plazo. Y algunas tan absurdas e irresponsables que aplicarlas significó pérdidas de vidas. Se les han entregado despensas y enseres domésticos, en algunos casos atención de salud y empleo temporal. Pero el problema de techo, de vivienda y de trabajo, es un asunto que ha corrido por cuenta de los desplazados. Y sobre el problema de la educación para los niños y jóvenes  desplazados, salvo el éxodo de Concordia y el solitario ejemplo del Pueblo de Surutato, no hubo un solo gesto de la SEPyC hacia ellos. Entre las medidas absurdas fue invitar a los desplazados a que regresaran a sus lugares de origen. Costó vidas.

Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU, señalan que en la atención de las necesidades especiales se prioriza a los niños, especialmente sin amparo de mayores; a las mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y jefas de familia; discapacitados y adultos mayores. Los presentes son testigos que la autoridad no hizo presencia voluntaria en el primer momento, menos que haya buscado aplicar los Principios Rectores.

De acuerdo a esos Principios Rectores, una prioridad es que determinemos la situación que guardan sus derechos para el acceso de sus necesidades básicas como alimentación, educación, salud, empleo y vivienda; protección contra ataques físicos y el derecho a recuperar sus bienes o a la indemnización.

Y mientras el Estado mexicano trabaja en esas prioridades, debe atender otros lineamientos de los Principios Rectores: la ubicación de los núcleos principales de desplazados, la ubicación de las comunidades expulsoras de desplazados y la estimación de la población desplazada, que en Sinaloa se ha querido reducir a poco más de mil 600 personas, cuando desde 2009 a la fecha el estimado de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa es de unos 39 mil 600 desplazados.

Qué bueno que hoy nos damos cita desplazados del norte del estado y del sur, y los interesados en el tema; lamento que no estén representadas las instancias del gobierno federal, a quien corresponde la atención de este problema, de acuerdo a los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Pero bien vale la pena empujar la carreta todos los presentes, para que en Sinaloa y en México sean escuchados y atendidos los desplazados de la violencia. Vale.

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