LA MONTAÑA: DERECHOS HUMANOS, PERSPECTIVAS 2019.

Por Oscar Loza Ochoa.

Esta patria mía, tan deshilachada, tan pobre, tan saqueada,

con tanto político corrupto y con tanto muerto regado por su territorio.

Carlos Payán Velver

Culiacán, Sin. 20 dic. 2018.-  El ejercicio y disfrute de los derechos humanos depende de dos vectores centrales: la voluntad y capacidad del Estado. Sin vocación humanista y sin inclinaciones de justicia social, aunque haya recursos de que echar mano, los derechos humanos no encontrarán veredas por donde llegar a los grupos vulnerables de la sociedad, ni al resto de ellos que siempre tendrán algún derecho que reclamar.

Cuando hay voluntad de los personeros del Estado, la capacidad económica de la renta nacional debe ser la frontera para hacer posible el acceso al derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda y a la educación. Y no basta hablar de que el presupuesto de egresos de la Nación será de 5 billones 814 mil millones de pesos, pues los límites de estos recursos están más acotados que los ciudadanos de la calle pensamos.

Hablemos muy claro. Los gobernantes que se fueron entregan un país con una deuda de más de 10 billones de pesos, casi el doble del presupuesto de egresos para 2019. Un país en quiebra, obligado a pagar el próximo año 750 mil millones de pesos por concepto de intereses de la deuda. Un país con un bajo crecimiento de su economía y malas expectativas en el entorno internacional. Un país bajo la amenaza latente de una oligarquía nacional que no quiere ser afectada en sus privilegios de excepción, como es la evasión de impuestos y un capital internacional que puede marcharse en menos de 24 horas después de anunciada una política que no sea de su entero parecer.

Somos un país que como están las cosas tres renglones absorben el 49.5 por ciento de su presupuesto: la nómina, pensiones y jubilaciones y la deuda. Para atender el arco iris de obligaciones ante la Nación en estado de emergencia queda el 50.5 por ciento del presupuesto, poco más de 50 centavos de cada peso. Y como alcanzar el poder político no otorga la gracia de disponer automáticamente de recursos, hay que tomar dos decisiones que no dejan de doler porque limitan las posibilidades de atender demandas populares muy sentidas: diseñar un presupuesto austero, que se mueve entre los principios neoliberales y que pretende ser de transición, sin lograr plenamente lo último. Y abrirle un espacio a los descobijados, modesto sin duda, pero con más abrigo que en 2018.

Se  buscó imprimir la seguridad de que tendremos un superávit del 1 por ciento, para evitar los malos gestos de una bolsa de valores, que es instrumento muy efectivo de los dueños del dinero para acalambrar a los gobiernos más pintados. Es cierto que ello se identifica como actitud responsable de parte del gobierno, que no gastará más de lo que ingrese, aunque ello no sea un axioma para todo tiempo y lugar en materia económica.

En esas circunstancias se anuncia que el ramo de bienestar social contará con 41 mil 845.6 millones de pesos más para pensión de adultos mayores y que la Secretaría del trabajo y previsión social incrementará sus egresos en 39 mil 232 millones de pesos, para apoyar a los jóvenes que se integren a la vida productiva. Se hace un esfuerzo dentro de una camisa de fuerza, loable pero insuficiente. Creo que la sociedad debe empujar para que la balanza hacia el bienestar social tenga un peso mayor en el presupuesto, buscando que la justicialidad del artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humnanos.

Este miércoles pasado hubo una reunión entre desplazados de Concordia y El Rosario, colonos pobres de Mazatlán, luchadores sociales del sur y funcionarios de Sedesol, Secretaría de Economía, Invies, Programa del empleo, Dirección de derechos humanos, presidentes municipales de los municipios mencionados, CEDH y CDDHS. La jornada fue exitosa, pues hubo acuerdos puntuales y con fecha para cumplirse. El maestro Miguel Ramírez Jardines, lo dice de manera breve y precisa: “aprendimos a valorar nuestra unidad, nuestras capacidades y convicciones; a mirar a los ojos a las autoridades y argumentar nuestras razones; a tomar acuerdos razonados y que queden plasmados por escrito y a representar dignamente a nuestra gente.”

Estoy de acuerdo con Jardines, porque la respuesta de la autoridad local y del ingeniero Jaime Montes, delegado federal para programas sociales, fue la que demandaba el movimiento. Quedan pendientes reuniones con los desplazados del centro y norte del estado. Y esperamos una actitud similar de los servidores que estuvieron presentes en la reunión mencionada. Vale.

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